El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, intervino el martes en el Senado para contestar a una interpelación sobre el Real Decreto de Autoconsumo que próximamente regulará esta actividad. El ministro hizo una larga explicación de lo que significa la nueva normativa. En paralelo, la Fundación Renovables, que constituyen los autoconsumidores, ha lanzado un documento en el que sostiene que el real decreto da la espalda a las mejores prácticas de la UE y pide a la Comisión Europea que determine un marco comunitario para evitar iniciativas como la del Gobierno español que, a su juicio, va contra la democratización de la energía y la cobertura de las necesidades como bien básico y de primera necesidad.

El real decreto trata de regular la conexión a la red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia y establece la obligación de regular el suministro producido en el interior de la red de un consumidor para su propio consumo. Para controlarlo, pondrá en marcha un Registro. En su intervención en el Senado, el ministro defendió que la norma es una garantía de sostenibilidad técnica, económica y financiera del sistema “para evitar que ocurra lo que sucedió entre el 2004 y el 2012 con la generación creciente de un desfase entre los ingresos y costes del sistema, conocido como el déficit del sistema eléctrico”.

En concreto, la ley establece la obligación de las instalaciones de autoconsumo de contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de los consumidores. Según Soria, pretende avanzar hacia un sistema de generación distribuida mediante mecanismos de venta de excedentes y autoconsumo instantáneo posibilitando la producción individual de energía en instalaciones de pequeña potencia para el consumo en la misma ubicación, en aquellos casos que sean eficientes para el conjunto del sistema eléctrico.
Los argumentos del Gobierno

1. Pago de peajes. El Gobierno cree que es “profundamente” injusto que un autoconsumidor conectado a la red no pague por los peajes de transporte y distribución, ni por los costes de los servicios que pagan los consumidores, de forma que los que no están en el sistema de autoconsumo estarían financiando al autoconsumidor. De no hacerlo, se estaría percibiendo una subvención del resto de consumidores, lo que perjudicaría a los consumidores más vulnerables que verían incrementada su factura por tener que hacer frente a esos costes. Por eso, cree que es necesario regular las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo.

De esta manera, un autoconsumidor que genera la electricidad que consume y no está conectado a la red, solo tendrá que pagar el coste de la inversión de la instalación. No pagaría ni el coste de la energía, ni el IVA, ni el impuesto de la electricidad, ni tampoco ningún otro tipo de costes.

El proyecto de real decreto regula las condiciones económicas de aplicación a las diferentes modalidades de autoconsumo, determinando la aplicación tanto de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución como de los cargos asociados a los costes del sistema. En ese sentido, establece que todos los consumidores sujetos a cualquier modalidad de autoconsumo tendrán la obligación de contribuir a los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida, cuando la instalación de generación o de consumo esté conectada total o parcialmente al sistema eléctrico.

Los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución se aplicarán como contribución a la cobertura de los costes de dichas redes y serán aplicados considerando el uso real que se realiza de ellas.

Al consumidor, con independencia de la modalidad de autoconsumo a la que esté acogido, se le aplicará el término fijo del peaje de acceso por la potencia contratada, y el término variable del peaje de acceso por la energía demandada de la red en el punto frontera, al igual que se hace con cualquier consumidor que no autoconsume. No existirá aplicación de peaje de acceso a redes por la energía autoconsumida, teniendo en cuenta que no se hace uso de la red. Los cargos serán de aplicación a todos los consumidores (autoconsumidores o no) como contribución a otros costes del sistema eléctrico que son, principalmente: los destinados a cubrir las cuantías que correspondan.

2. Respaldo del conjunto del sistema. En el caso de un consumidor que pudiera estar acogido a una modalidad de autoconsumo, cuando su red se encuentre conectada al sistema, se beneficiará del respaldo que le proporciona el conjunto del sistema, aun cuando pueda estar autoconsumiendo electricidad producida por su instalación de generación asociada, al contrario de lo que ocurriría si este consumidor se encontrara eléctricamente aislado del sistema eléctrico.

3. Baterías, posibles. La propuesta de real decreto no impide que se instalen baterías de almacenamiento de energía eléctrica ni que se utilicen en el momento en que el consumidor considere oportuno. En el caso de que la batería se cargue de la red, su tratamiento será como el de cualquier consumidor eléctrico, mientras que si se carga con la propia energía autogenerada, se le dará entonces el mismo tratamiento que al resto de autoconsumos.

Asimismo, la regulación contiene un registro de autoconsumo con el objetivo del adecuado seguimiento de los consumidores acogidos a estas modalidades. Además se establece la posibilidad de realización de planes de inspección de la aplicación de las condiciones económicas de los suministros acogidos a modalidades de autoconsumo. Se establece la obligación de adaptarse a lo dispuesto en el real decreto para aquellos consumidores que estén realizando ya prácticas de autoconsumo.

4. Ahorro en las islas. Debido al elevado coste de generar la electricidad, el autoconsumo en estos sistemas permitirá reducir los costes del sistema eléctrico en su conjunto, a diferencia de lo que sucede en el resto de la península. La generación eléctrica en las islas es más cara que en la península debido a que se emplean tecnologías térmicas convencionales de un coste más elevado. De esta forma, el autoconsumo permitirá reducir el coste de generación en estos territorios, mejorando además la garantía de suministro y disminuyendo el impacto medioambiental. Por tanto y para reducir el coste de generación en las islas, se establece un incentivo al autoconsumo consistente en una reducción del pago de los costes regulados del sistema.

Argumentos de los autoconsumidores

A las afirmaciones de Industria han contestado las empresas de renovables. “Tanto la industria como las pymes y los hogares pueden tomar un papel activo en el sector eléctrico pasando desde una posición pasiva de compradores de energía a productores activos y autoconsumidores de energías renovables”, afirma la Fundación Renovables, que pide una iniciativa de Unión Energética de la Comisión Europea que logre que los consumidores sean los verdaderos beneficiarios.

Para la fundación, “el autoconsumo es un instrumento clave para la democratización de la energía como derecho ciudadano en general y no sólo de los de mayor poder adquisitivo, tal y como insinúa el proyecto de Real Decreto de Autoconsumo del Gobierno que consecuentemente pretende gravarlo y regularlo de forma disuasoria”. Estos derechos, bien instrumentados deberían garantizarse de forma más urgente para beneficiar a las personas vulnerables tanto a la pobreza energética como a los impactos más devastadores del cambio climático.

A su juicio, el real decreto “es un ejemplo de recopilación de malas prácticas, para exponerlo como ejemplo de lo que un marco normativo para promover el autoconsumo debe evitar”. Según su punto de vista es un “desprecio a las mejores prácticas que sólo puede entenderse por la sumisión a los intereses especuladores del oligopolio eléctrico español en un intento de posponer la generalización de las renovables y, en este caso, la democratización energética y empoderamiento de la sociedad civil”. La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acaba de reconocer el autoconsumo como “ineludible” para alcanzar nuestro objetivo comunitario en renovable en 2020. En ese sentido, enumera un decálogo de actuaciones:

1.- Generar incentivos económicos o de otro tipo para facilitar que los consumidores se empoderen del sector eléctrico ahorrando, emprendiendo medidas de gestión de la demanda o autoproduciendo su energía. En España, país con elevada insolación, elevado precio de la electricidad y bajo precio de la energía fotovoltaica, no haría falta ninguna prima o incentivo al autoconsumo, tan sólo evitar todo tipo de trabas. El actual proyecto de RD del Gobierno grava de manera totalmente injustificada y desproporcionada la electricidad autoconsumida con mayores cargos que la energía que viene de la red eléctrica. En Alemania, la energía vertida a la red eléctrica por una instalación de autoconsumo obtiene una prima si viene de una instalación inferior a 100 kWp.

2.- Promover el almacenamiento descentralizado de energías renovables gracias a señales de precio efectivas y otros tipos de incentivos. El almacenamiento de energía descentralizado es clave para activar medidas de gestión de la demanda y aumentar la capacidad de autosuficiencia gracias al autoconsumo. Al mismo tiempo puede, junto a la gestión de la demanda, incrementar la flexibilidad del sistema necesaria para integrar cuotas crecientes de energías renovables variables. El Real Decreto, al impedir el almacenamiento de energía para las instalaciones de fotovoltaica y eólica e imponer un cargo abusivo en los demás casos, también impediría la aplicación de otros casos de interés especialmente para las aplicaciones residenciales. El Gobierno alemán concede la devolución de impuestos hasta un 30% por la adquisición de una batería para autoconsumo y préstamos a tipo de interés bajo para su compra.

3.- No impuestos ni cargos discriminatorios sobre la energía autoconsumida. No tiene sentido cargar con cánones e impuestos a una medida de eficiencia energética que además es de ejercicio del derecho universal al sol y que en sí no genera costes adicionales al sistema sino todo lo contrario. En Italia las instalaciones inferiores a 20 kW no pagan ningún tipo de cargo o impuesto. En Portugal están exentas hasta que el autoconsumo alcance el 3% de la potencia total instalada en el país. En Alemania pagan cargos pero reciben una prima mayor a los mismos. En España, al contrario, el Gobierno quiere cargar la energía producida que ni siquiera alcanza la red eléctrica con tasas superiores a las aplicadas a la electricidad que el consumidor compraría de la red.

4.- Derecho a percibir por lo menos el precio de mercado por la electricidad vertida a la red. Normalmente las instalaciones pueden compensar en Balance Neto la energía vertida y la adquirida de la red y además vender a la red sus excedentes al precio del pool. Inclusive hay casos en los que se paga una prima para la electricidad vertida a la red, como en el caso de Alemania, Croacia o Dinamarca. La propuesta del Gobierno, sin embargo, quiere que los excedentes se regalen a las distribuidoras a menos que el consumidor quiera convertirse en empresario.

5.- Si se aplican cambios de retribución o de cualquier otro aspecto regulatorio no serán retroactivos para garantizar las inversiones en autoconsumo; asegurar condiciones económicas predecibles y evitar la inseguridad jurídica y que por ejemplo Portugal, Alemania e Italia ya contemplan en sus regulaciones elementos que los garanticen. Al contrario, el Proyecto de Real Decreto ilegaliza a posteriori todas las instalaciones existente que no quedan recogidas en su texto. Del mismo modo, propone un marco económico transitorio de 4 años sin dar ningún tipo de indicación sobre qué pasará después.

6.- No limitar las ayudas o facilidades dedicadas al autoconsumo con renovables con respecto a la potencia instalada y, en caso de hacerlo, el límite no debería ser inferior a 1 MW (en línea con las Recomendaciones sobre las Ayudas de Estado para Medio Ambiente y Energía 2014/C 200/01). De lo cual se aleja el Real Decreto que no solo no incluye ayudas o facilidades sino que penaliza el autoconsumo y además limita la potencia a 100 kWp ilegalizando aplicaciones que, por ejemplo en Alemania, se consideran casos modelo. Por ejemplo, una fábrica de cocinas en el norte de la Selva Negra que con 160 kW fotovoltaicos instalados alcanza potenciales de ahorro para la PYME de 1,9 millones de EUR durante la vida útil de la instalación.

7.- El autoconsumo es para todos los consumidores, no sólo para los de mayor poder adquisitivo. Para ello se deberán poner en marcha instrumentos de financiación y administrativos (y un modelo de seguridad jurídica robusto) que posibiliten el acceso al autoconsumo por parte de todos los consumidores. Al mismo tiempo hay que establecer procesos de notificación más que autorización para la conexión de pequeños sistemas de autoconsumo (por lo menos hasta los 15 kW). Al contrario, el Real Decreto del Gobierno, impone un régimen económico y administrativo paralizante, igual que para las grandes instalaciones.

8.- Emprender medidas estructurales para la erradicación de la pobreza energética. El Proyecto de Real Decreto del Gobierno impide de un plumazo compatibilizar autoconsumo y el acogerse al Bono Social.

9.- Garantizar un marco estable para la agregación de la demanda y para el autoconsumo compartido, como unión de varios generadores/consumidores, bien sea en comunidades, en polígonos industriales u otras opciones. Los agregadores podrán facilitar la participación de los consumidores en el mercado mayorista. El Real Decreto de Autoconsumo tan sólo considera que el productor y el consumidor de una instalación de autoconsumo tienen que ser la misma persona eliminando todas las demás posibilidades de participación ciudadana en el sector energético.

10.- Proveer acceso directo y en tiempo real a los datos de consumo, producción y precio de la energía. En el Proyecto de Real Decreto la única parte obligada a tener este acceso es la distribuidora y el ciudadano sólo tendrá acceso a sus datos a través de esta.

“Desde la Fundación Renovables pedimos a la Comisión Europea que, vistos los desmanes que algunos Estados miembros como España pueden estar tentados de hacer en materia de autoconsumo bajo la presión de las empresas eléctricas, desarrolle un marco regulador comunitario para el autoconsumo que tome la propuesta del Gobierno español como ejemplo de lo que no se ha de hacer”, sostiene. Además insta al Gobierno y al ministro Soria en especial a tomar buena nota de las mejores prácticas disponibles y retirar el proyecto de Real Decreto de Autoconsumo ya que viola todas y cada una de las mejores prácticas experimentadas por los países de las Unión Europea que han avanzado en la aprobación de marcos normativos de promoción del autoconsumo.

Hace pocos días se publicaba la Encíclica ‘Laudato si’ en la que el Vaticano, al declarar el cambio climático como injusticia, indicaba como deber ético y de responsabilidad civil la sustitución urgente de los combustibles fósiles por energías renovables y eficiencia energética, respaldando las demandas por un cambio urgente de modelo energético.

Fuente: elpais.com