Pocos cambios ha sufrido el texto de la futura norma tras salir del Consejo de Estado. La actual redacción, que el Consejo de Ministros puede aprobar en las próximas semanas, afina detalles, como establecer los peajes que los autoconsumidores deberán abonar el año que viene, pero apenas incluye nuevos elementos relevantes:

El más llamativo es la prohibición explícita de que varios consumidores, como los vecinos de un edificio o de una urbanización, hagan autoconsumo con una misma instalación: «En ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores», reza el nuevo texto.

El autoconsumo compartido es una modalidad que ya existe en California. Tiene la ventaja de que, al sumar las necesidades de los distintos partícipes, es prácticamente imposible que se produzca más energía de la demandada instantáneamente, con lo que no hay inyección de excedentes a las redes eléctricas.

Si hay mucha generación distribuida y los eventuales excedentes del autoconsumo no se consumen localmente, se evacuan por las redes aguas arriba, lo que puede incrementar los costes del sistema en vez de disminuirlos.

Los defensores del autoconsumo apuntan que compartir las instalaciones es la modalidad que más incrementa la eficiencia energética y la más indicada para luchar contra la pobreza energética.

Provisional ‘Impuesto al sol’

Otro de los cambios es la posibilidad de eliminar la exención del llamado impuesto al sol -pagar por la energía autoconsumida- a las instalaciones menores de 10 kW, propias de los hogares. Se hará si se produce «un crecimiento del autoconsumo en relación a la demanda o un impacto sobre los costes del sistema significativo».

Industria no se atreve a predecir el grado de éxito que tendrá el autoconsumo, porque depende de numerosos factores. Considera «ambicioso» que en el plazo de tres años, a razón de 100.000 autoconsumidores por año, lo lleguen a ser el 1% de los 29 millones de consumidores actuales.

Un reciente estudio de The Boston Consulting Group indica que el autoconsumo, con la regulación actual, si alcanzase el 1% de la demanda, supondría una disminución de ingresos para el sistema de 64 millones de euros anuales. Si alcanzase el 10%, la cifra aumentaría a 641 millones, lo que provocaría un incremento del 2,1% en el precio de la luz.

En el caso de que se adoptasen otras modalidades de autoconsumo más favorables, como el balance neto, el impacto para el sistema del 1% subiría a 184 millones y el del 10% a 1.844 millones. La subida de la luz sería del 6,3%.

Desde el sector fotovoltaico se insiste en que la exención del impuesto al sol para las instalaciones menores de 10 kW se incluye en una disposición transitoria de la futura norma, por lo que es algo provisional que puede desaparecer. En consecuencia, explicitarlo en el articulado no hace sino incrementar la actual inseguridad jurídica.

Fuente: eleconomista.es