Las presas construidas en la segunda mitad del siglo XX son las centrales con mayor protagonismo a la hora de ajustar el coste de la electricidad en un mercado liberalizado como el del siglo XXI. Aunque estas infraestructuras no representan la mayor fuente de producción de luz -raro es el mes en el que aportan un 15% del total al sistema-, el funcionamiento del mercado y la capacidad de las empresas que las gestionan las han convertido en un instrumento estratégico para adecuar el coste de la energía, del que los ciudadanos se percatan cuando les llega el recibo de la luz.

Cuantas más precipitaciones se registran, mayor es el nivel de los embalses, mejores son las condiciones para que las turbinas funcionen y más puede bajar el coste de la electricidad, un concepto que influye en el 35% de la factura frente al 65% de los términos fijos (potencia, impuestos, etc.). A más producción de renovables (hidroeléctricas más eólicas y, a su vez, solares), menor coste. Aunque Carlos Solé, socio responsable de Regulación Energética de KPMG en España, apunta que, además, «hay que retribuirlas con un complemento que se traslada a la parte regulada de la factura». Esa es la teoría, al menos en lo relativo a los molinos cuando arrecia el viento y a los paneles fotovoltaicos en los meses de extremo calor. Pero en el caso de los pantanos, las lluvias no siempre se corresponden con un mayor nivel de ocupación y producción, y con ello menores precios.

Mientras que la generación en el resto de centrales (nucleares, térmicas, ciclos combinados, carbón, cogeneración y renovables) se encuentra muy condicionada bien a la regulación, bien a las condiciones meteorológicas, los embalses «son el instrumento más potente para ejercer mayor poder de mercado», sostiene Jorge Fabra, presidente de la organización Economistas Frente a la Crisis. Este experto explica que las hidroeléctricas «tienen la capacidad de arranque instantáneo y comienzan a funcionar cuando lo desean, sin perder así dinero».

Esta discrecionalidad llevó el pasado mes de noviembre a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a multar con 25 millones de euros a Iberdrola tras observar «situaciones atípicas», aunque no de manipulación, en la producción de sus centrales de las cuencas del Duero, el Sil y el Tajo a finales de 2013. El regulador sostiene que la compañía elevó el precio de las ofertas de sus centrales justo antes de que la tarifa se disparara. La empresa ha recurrido esta decisión y afirma que no se benefició de esta actuación «al no tener capacidad de incrementar los precios por carecer de posición de dominio». El precio «es el resultado de un proceso de casación que sigue las reglas del mercado», indica. La decisión final dependerá ahora de los tribunales.

Bajo esta sanción subyace cómo es el sistema de gestión de las hidroeléctricas. Jorge Morales, vicepresidente de la Fundación Energías Renovables, reconoce que actuaciones como las de Iberdrola «son legales, porque la norma lo permite». Pero critica que «un activo como el agua no debería encontrarse al albur de determinadas empresas».

«El agua no cuesta»

Diariamente, el precio de la electricidad se fija en una subasta donde intervienen todos los productores. Se parte de la fuente energética que tiene el coste de funcionamiento más elevado -generalmente, los ciclos combinados-, y después se incorporan el resto de centrales. «El coste de la hidroeléctrica es próximo a cero, porque el agua no cuesta dinero», indica Jorge Fabra. «Pero estas instalaciones no lo ofertan a cero, sino un céntimo más barato que el de la central más cara», sostiene. Es decir, «la oferta de producción hidroeléctrica no se hace por el coste que le suponga a la central, sino por el de oportunidad», indica.

Jorge Morales aclara esta circunstancia: «Las compañías tienen el agua embalsada y saben que si no ofertan electricidad porque no les convenga económicamente, la pueden vender otro día en el que el precio de la energía pueda ser más elevado». Señala que «este tipo de centrales son importantísimas porque pueden permitir suavizar el coste de la luz con más generación». Aunque aclara que también «lo pueden incrementar» si recortan su producción.

Las firmas del sector recuerdan que, al final, son empresas que buscan tener el mayor beneficio como cualquier otra privada. Y la legislación se lo permite. En efecto, Carlos Solé reconoce que «tienen libertad para gestionar el uso del agua para la producción eléctrica». Pero añade que la decisión de hacerlo «se basa en si deben utilizar el agua en un momento determinado para recibir la retribución correspondiente, o guardarla para que en el futuro sea pagada a un precio superior».

Las estadísticas muestran que el uso de agua resulta diferente aun con las mismas condiciones meteorológicas sobre la mesa. La evolución de precios, el nivel de los embalses y la aportación de las presas al consumo de luz aportan realidades distintas. Por ejemplo, el mes de marzo de 2015, uno de los más lluviosos del año pasado y con unos embalses al 85%, las hidroeléctricas aportaron el 17,2% de la electricidad necesaria para el consumo. Y el coste de la electricidad bajó hasta uno de los mínimos anuales, en los 43 euros por megavatio/hora (Mwh). Sin embargo, con las presas al 69% en agosto y escasas precipitaciones, representaron el 7,6% de la energía. Y el coste mensual, en 55 euros.

Sin embargo, esta regla no siempre se cumple. En el mes de diciembre de 2014, un período que no fue especialmente lluvioso y con los embalses por debajo de las cotas del 80%, la aportación hidroeléctrica superó el 15%. Un mes después, con más lluvias y una capacidad superior, la electricidad de los embalses bajó hasta el 10% del total para cubrir las necesidades de consumo.

Límites medioambientales

En cualquier caso, existen límites marcados por las confederaciones hidrográficas para que los pantanos no se queden sin recursos y tampoco acumulen demasiada agua ante lluvias intensas. En invierno «habrá que dejar más capacidad reservada para contener avenidas que en verano», explican desde la Confederación Hidrográfica del Tajo, una cuenca en la que se encuentran algunos de los principales saltos hidráulicos de la Península. Este organismo recuerda que «cada concesionaria tiene libertad para usar el agua según sus intereses», aunque existen condicionantes: la demanda que tenga Red Eléctrica o el respeto al propio caudal ecológico del río.

Aún hay que añadir otras necesidades de agua de un embalse: desde las que sirven como respaldo a las centrales nucleares a las que se encuentran en zonas de alto valor ecológico, además de los que tienen usos prioritarios como el abastecimiento o el regadío. «Las centrales pueden usar el agua indistintamente a lo largo de un año, siempre que no sobrepasen los márgenes que cada mes se marcan» las normas, indican en la CHT. En la Confederación del Duero afirman que el caudal mínimo «depende del tipo de turbina y suele establecerse en el 20% o 25% del caudal nominal» del río en cuestión.

Fuente: hoy.es